Una fuerza policial de Kenia partirá hacia Haití el martes para encabezar una misión multinacional de la ONU, de manera a combatir la violencia de las pandillas en el país caribeño que viene sufriendo una tremenda crisis. Kenia se propuso a enviar 1.000 agentes de policía para estabilizar la región, junto con personales de otros países, aunque este despliegue se ha enfrentado a varios desafíos legales en el país de África Oriental.
El presidente de Kenia, William Ruto, habló sobre el despliegue; “La salida es el martes de esta semana, se están realizando los preparativos para que el equipo parta hacia Haití el martes”. Por su parte, una fuente policial de alto rango, bajo condición de anonimato, manifestó: “Ya tenemos dos equipos preparatorios que salieron, uno la semana pasada y otro el sábado”.
La misión fue aprobada por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre pasado, provocando fuertes críticas, tal es así que un tribunal keniano, pospuso en enero el despliegue y el juez dictaminó que el gobierno de Kenia no tenía autoridad para enviar policías al extranjero sin una autorización especial. El gobierno obtuvo este permiso el 1 de marzo, pero un sector de la oposición presentó un nuevo recurso para intentar impedir el proceso.
También existe otros países que quieren participar en la misión como: Benín, Bahamas, Bangladesh, Barbados y Chad, por supuesto, Estados Unidos está muy implicado logísticamente, pero sin aportar efectivos. Sobre el punto, la ONG Human Rights Watch, afirmó que la misión se metería en inconvenientes respeto a “derechos humanos”, como así también a temas de financiación.
Entre otras cosas, acusan periódicamente a la policía keniana de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. El viernes pasado, una ONG que monitorea la actividad policial, dijo que estaba investigando acusaciones sobre efectivos policiales quienes mataron a tiros a un hombre de 29 años, después de las protestas en Nairobi.
Es importante recordar que la capital haitiana, Puerto Príncipe, está en un 80% en manos de bandas criminales, acusadas de numerosos abusos, en particular asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.