El abogado Ricardo Preda, representante legal de la firma bancaria, habló en Buenos Días América sobre la deuda que posee el Frente Guasú con Ueno Bank, donde aparecen tres personas como firmantes del crédito. El punto de discusión es la “negación” de los codeudores que, de ser verdad, se estaría hablando de documentos no auténticos.   

“A mi me fue encomendado en septiembre plantear una denuncia penal sobre la siguiente base, Ueno Bank ejecuta un documento en el cual se instrumenta una deuda del partido Frente Guasú con codeudoría de tres personas, esas personas niegan su firma a pesar de que hay un certificado de firmas emitida por una escribana”. A esto añadió: “Si de verdad ellos no firmaron ese pagaré entonces estamos ante unos documentos no auténticos”.

En este contexto, si existe verdaderamente la firma de un documento, se estaría analizando una tentativa de hecho punible patrimonial. El monto de la que se está hablando es de más de 2.000 millones de guaraníes.

Carlos Filizzola, Aida Robles y Óscar Rojas, son las tres personas que aparecen como firmantes, al respecto dijo: “Nosotros no le estamos denunciando a esas personas, estampas denunciando que ellas niegan sus firmas y, si es verdad lo que los dicen, definitivamente tenemos que encontrar quién falsificó ese documento a pesar que tiene una certificación de firma emitida por una escribana, entiendo yo una escribana de confianza”.   

Hasta el momento, desde el Frente Guasú no niegan haber percibido ese crédito, pero no reconocen esas firmas. Cabe resaltar que el reclamo de la deuda es del año pasado, es decir, de junio de 2023 y la denuncia penal es de septiembre del presente año. 

“La presentación que hace la senadora Esperanza Martinez, sin dudas que no puede darle la lectura de que esto es una reacción contra la empresa a la cual represento, por lo menos deja dudas acerca de la intención de este sector político a través de su representante del senado, en este caso la doctora Esperanza Martínez, es la de averiguar una situación concreta relacionada a IPS, posiblemente es enviar un mensaje a una acreedora que es una entidad financiera, lo cual sería una utilización incorrecta de la representación que le da el pueblo a un legislador”.
“Dicho de una manera coloquial puede ser interpretada como un apriete” sentenció.