Cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras que a nivel nacional se registran 30.898 casos de violencia familiar, 27 feminicidios y 3 víctimas de violencia vicaria, donde los agresores atentan contra la vida de los seres queridos o hijos de la mujer.
La Ley Nº 5777, artículo 5º, define a la violencia contra la mujer como: “La conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico a la mujer, basada en su condición de tal, en cualquier ámbito, que sea ejercida en el marco de relaciones desiguales de poder y discriminatorios”.
La directora de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público, Élida Favole en BDA para hablar sobre el tema.
“Hay que tener en cuenta que en violencia las causas raíces, como se les llama, siempre son lo cultural, lo sociológico y también aquellos factores, por ejemplo, de roles sociales”, manifestó.
Así también, aclaró que existen factores transversales, psicológicos y otros como el alcohol, las drogas y la dependencia económica, que a medida que se suman generan mayor probabilidades que haya un contexto de violencia.
Favole instó a las mujeres a acudir a la Policía Nacional en situaciones de emergencia dada su mayor presencia territorial. Para denuncias no urgentes, recomendó formalizar la acusación en la fiscalía para garantizar el inicio de un proceso penal.
“El Ministerio Público está obligado a investigar. La víctima puede venir y retractarse o negar, eso es característico de este tipo penal, porque entra en juego toda la dimensión psicológica de la víctima y esa dependencia que tiene con su agresor que muchas veces es una dependencia emocional”, dilucidó en el marco de las denuncias realizadas por familiares o cercanos.
Informó que el Juzgado de Paz otorga medidas restrictivas preventivas con un plazo de 6 meses donde realizan evaluaciones, donde se pueden haber altos grados de resiliencia. Y, si se encuentran que efectivamente hay violencia psicológica puede extenderse hasta dos años.
“Lo que se recomienda para ambos, para la víctima y para el agresor, siempre es el tratamiento psicológico, que no lo da el Ministerio Público. Porque si la mujer que es víctima no recibe un tratamiento psicológico va a caer en los mismos patrones con otra persona, lo mismo ocurre con el agresor”, finalizó la directora.