El MINNA presentó una denuncia formal por explotación infantil en Itapúa, relacionada con niñas y niños indígenas en situación de calle, implicando a adultos responsables de abuso y negligencia.
El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, se reunió con la fiscal adjunta Fabiola Mólas en la sede del Ministerio Público en Encarnación, para presentar una denuncia formal sobre casos de explotación infantil de niños y adolescentes indígenas en las calles de la capital de Itapúa. La denuncia señala a adultos, liderados por el Cacique Mariano Benítez, responsables de abuso laboral y sexual, y negligencia en el cuidado de los menores, exponiéndolos a peligros.
La denuncia se sustenta en documentos que respaldan la investigación sobre los adultos involucrados en la explotación infantil detectada en las calles de Encarnación, Colonia Unidas, Trinidad y otras zonas de Itapúa.
Las familias afectadas provienen de la comunidad Guaviramí, donde ya reciben apoyo del Estado a través de programas como Tekoprá, Tercera Edad, Alimentación y Abrazo. El ministro Gutiérrez hizo un llamado a no dar dinero a los niños en situación de calle, subrayando que esto solo perpetúa su permanencia en la calle, y que el dinero recaudado no llega a los menores.
El gobernador Pereira expresó que la medida busca proteger a los niños de las acciones de adultos, que aunque reciben asistencia estatal, regresan a poner en peligro a los más pequeños. El MINNA reafirmó su compromiso con la protección de los derechos de los niños y adolescentes indígenas, garantizando que su bienestar siempre prevalecerá por encima de los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas.
Además, el ministro Gutiérrez destacó la importancia de la colaboración interinstitucional entre el MINNA, la Fiscalía y otras instituciones, para abordar esta grave problemática.
La Fiscalía se comprometió a investigar a fondo los casos presentados y a tomar las acciones necesarias para garantizar la protección de las víctimas y sancionar a los responsables, reforzando así la protección de los derechos de los niños y adolescentes vulnerables.