La Cámara de Diputados prevé tratar este jueves 5 de febrero, en sesión extraordinaria, el proyecto de reforma de la Caja Fiscal, convocada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional. La iniciativa llega al debate en medio de dudas sobre la posibilidad de reunir el quórum necesario y con cuestionamientos sobre su alcance para revertir el déficit del sistema.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoció que la propuesta permitiría cubrir solo el 60 % del déficit actual. Entre los principales cambios, el proyecto fija una edad mínima de jubilación de 57 años para sectores que hoy no cuentan con ese requisito, como docentes, policías, militares y magistrados judiciales. Además, eleva el aporte obrero del 16 % al 19 %, suma una contribución estatal del 3 % y establece que el cálculo del haber jubilatorio se base en el promedio de los últimos cinco años de salario.
El economista Víctor Pavón advirtió que la situación de la Caja Fiscal ya genera un fuerte impacto sobre las finanzas públicas. Señaló que el sistema se sostiene actualmente con unos USD 380 millones provenientes de impuestos, recursos que dejan de destinarse a áreas como salud, educación y seguridad. Según el analista, ese monto podría alcanzar casi USD 480 millones durante este año, con un incremento anual cercano a los USD 100 millones.
Pavón sostuvo que postergar la reforma implicaría trasladar el problema a las próximas administraciones. A su criterio, si se evita encarar el ajuste, se dejará una herencia fiscal crítica que podría derivar en la pérdida del grado de inversión y en un aumento de la presión tributaria en el futuro.
El economista también cuestionó la posibilidad de financiar el déficit mediante nuevos impuestos y afirmó que una eventual suba afectaría principalmente a sectores que no acceden a ningún sistema jubilatorio, lo que, según expresó, recaería sobre la población de menores ingresos. En ese sentido, consideró que esa salida resulta económicamente inviable y socialmente injusta.
El debate en Diputados se perfila así como un punto clave para el futuro del sistema previsional estatal, en un contexto de tensiones políticas y advertencias sobre las consecuencias fiscales de no avanzar con cambios estructurales.