A pesar del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), miles de madres y niños enfrentan obstáculos para garantizar su bienestar debido a la morosidad de padres irresponsables.
La falta de cumplimiento de estas obligaciones alimentarias por parte de muchos padres sigue siendo un problema crítico en el país. Aunque el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) se implementó hace un año como una medida coercitiva, su impacto se ve limitado por lentitud en procesos administrativos y legales, afectando directamente a las familias que dependen de este recurso.
El REDAM ha logrado restringir trámites clave como la renovación de licencias de conducir o la transferencia de bienes a quienes adeudan tres o más cuotas alimentarias. Sin embargo, el principal obstáculo radica en que la inscripción de los deudores que depende de que la sentencia de asistencia alimentaria sea firme y ejecutable, lo que a menudo se retrasa por recursos legales o falta de notificaciones oportunas.
Además del REDAM, existen mecanismos judiciales para garantizar el pago de deudas alimentarias, entre ellos:
• Embargos y remates: Ordenados por el Poder Judicial para ejecutar bienes.
• Retención salarial: Descuento directo del salario en caso de padres asalariados.
• Vía penal: Denuncias que pueden llevar a órdenes de captura o condenas penales por incumplimiento prolongado.
La morosidad en las prestaciones afecta gravemente el desarrollo integral de los niños, dificultando su acceso a salud, educación y alimentación. Esta situación obliga a muchas madres a asumir cargas económicas que deberían ser compartidas.