La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación sobre un proyecto de ley, aprobado en primera votación por el Congreso peruano. El oficio prescribiría delitos de lesa humanidad como: torturas, homicidios y desapariciones forzadas que habían ocurrido antes del 1 de julio de 2002.
De aprobarse plenamente, la medida favorecería a miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el periodo de crisis interna que padeció el país entre 1980 y 2000, cuya escalada de violencia en ese tramo, fueron extremas. Según el organismo, la iniciativa es “contraria al derecho internacional” y desobedece “arbitrariamente” las sentencias que ha emitido la Corte y otros organismos internacionales.
La propuesta legislativa, 6951/2023-CR, tuvo su “ok”, el pasado 6 de junio en el Congreso, cuyos resultados de la primera ronda, determinaron lo siguiente: 60 votos a favor, 36 en contra y 11 abstenciones. De todas maneras, la iniciativa fue aprobada en marzo, por la Comisión Constitucional del Parlamento de Perú.
En aquel entonces, recibió el apoyo de 14 parlamentarios. Según el medio periodístico “La Tercera”, los legisladores opositores expresaron que la ley “vulnera los derechos humanos y la justicia para víctimas de crímenes de guerra y lesa humanidad”. Por su parte, el Instituto de Paz de Estados Unidos, expresó: “El conflicto armado interno vivido por el Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda nuestra historia republicana”.
El proyecto fue impulsado por el partido fujimorista Fuerza Popular, con el respaldo de una bancada parlamentaria formada por excomandantes de las Fuerzas Armadas peruanas. Es importante entender, que el Estatuto de Roma, donde establece que un acusado de crímenes de guerra, puede ser procesado por la Corte Penal Internacional, entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano, precisamente el 1 de julio de 2002.