Por: Daniel Fernando Mejía Lozano
Corresponsal Internacional de América TV desde París
Los ataques del 21 de agosto en el municipio de Amalfi (nordeste de Antioquia) y en Cali son lamentables. En el primero un helicóptero Black Hawk UH-60 de la Policía Nacional fue derribado por un dron cargado con explosivos mientras participaba en labores de apoyo para la erradicación de cultivos ilícitos de coca, mientras en Cali explotó un carro bomba.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó el ataque al Frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) liderada por alias “Calarcá”. El ataque en Amalfi fue un acto violento planificado por narcotraficantes de las disidencias de las FARC, que utilizó un dron militarizado para derribar un helicóptero policial. No solo destaca por la alta letalidad, sino también por su audacia tecnológica, lo que representa una nueva amenaza para la seguridad aérea en zonas conflictivas.
En Cali, el atentado con carrobomba contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, que ocurrió el 21 de agosto de 2025, generó una ola de reacciones contundentes por parte de autoridades, líderes políticos, organizaciones y la ciudadanía. El alcalde Alejandro Éder ordenó de inmediato la militarización de la ciudad y el refuerzo del control en las entradas y salidas de Cali, con apoyo del Ejército y la Policía. Asimismo, se restringió el tránsito de camiones de más de cuatro toneladas entre las 19:00 h y las 04:00 h.
Se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta de emergencia y las investigaciones. Ambos, el alcalde y la gobernadora Dilian Francisca Toro, enfatizaron en mensajes a la comunidad afirmando que “el terrorismo no nos vencerá” e hicieron llamados a la unión ciudadana.
Además, se anunció una recompensa de hasta 800 millones de pesos colombianos (400 millones de la Alcaldía y 400 millones de la Gobernación) para quien brinde información que permita capturar a los responsables.
Foto: Gentileza.