Élida Favole, directora de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público, habló de un tema muy delicado que tristemente
es una realidad en el país y el mundo, la irresponsabilidad de algunos padres que no atienden las necesidades básicas de sus hijos, en otros términos “prestación alimentaria”.
“Nosotros desde el Ministerio Público hemos lanzado este año una plataforma de datos abiertos, es accesible a toda la ciudadanía y en ese marco es que nosotros vamos exponiendo esto números para que la gente se entere de las circunstancias, sirva también como un aval para las políticas que se puedan implementar en el contexto de prestación alimentaria que es un derecho del niño, no es ni la madre ni el derecho del padre y el elemento vector es el interés superior del niño” afirmó Élida.
“Hasta las personas que están condenadas deben cumplir con el deber alimentario”, añadió.
Este punto es un derecho donde está en juego el desarrollo en el crecimiento integral del niño/a, adolescente, es decir, su subsistencia, su alimentación, sus medicaciones en caso de enfermedad, vestimentas y otras aristas.
Esta situación delicada es ineludible en cualquier tipo de circunstancias, representando un gasto tanto para la madre como el padre, inclusive se puede dar circunstancias económicas coyunturales pero la ley prevé que se extienda esto a la familia, abuelos, tíos. en caso de que los padres no puedan cumplir de momento con esa responsabilidad. En este caso, la madre o el padre deberá acercarse hasta el Juzgado de niñez y comunicar la situación, así también podrían acercarse hasta la Defensoría de la niñez.
Desde el 2018 al 2024 se registraron 48.000 causas abiertas sobre incumplimiento de prestación alimentaria. El último censo determinó que existen dos a cuatro hijos por hogar como víctimas de incumplimiento de los padres, a lo que se podría llegar aproximadamente a 65.000 afectados.