Un informe del Ministerio Público releva datos escalofriantes. De enero a agosto se registraron 29 mujeres víctimas de tentativa y 26 casos de feminicidio en el país. Seis criminales se suicidaron. La información debe conducir a la protección de las denunciantes y sus familiares.
La violencia contra las mujeres constituye una grave transgresión a los derechos humanos. El daño psicológico, físico o sexual debe ser atendido por el Estado, desde las instituciones especializadas. Las amenazas, coacción, privación de libertad, u otro tipo de daño, en la vida pública, laboral o en la vida privada, no pueden ser ignoradas.
Unas 26 mujeres, en lo que va del año, han sido víctimas de feminicidio. Ellas denunciaron -inicialmente- ante una comisaría y terminaron en un Juzgado. Cumplieron los pasos. Sin embargo, no fueron protegidas.
Según el reporte de la Fiscalía, la edad promedio de las víctimas es de entre 12 a 69 años, mientras que la edad promedio de los agresores es entre 18 a 82 años.
Sobre el parentesco con el agresor, 14 eran parejas, 6 eran exparejas, 1 era esposo, 3 eran novios, 5 eran conocidos, y 1 era padrastro. A esto se suma que de 17 casos de feminicidio registrados este año tuvieron lugar en viviendas, mientras que 9 casos fueron en la calle.
Todos los agresores denunciados se encuentran imputados por el Ministerio Público, 22 de ellos privados de libertad. Unos 6 criminales cobardes se suicidaron.
En medio de esta situación, salta a la vista esta cifra: 31 víctimas indirectas, hijos e hijas, que quedan huérfanos. El gobierno pretende implementar las tobilleras electrónicas como una de las medidas para frenar la tentativa y los homicidios.