El Estado avanzó en la consolidación de la iniciativa para prevenir el embarazo adolescente no intencional y el abuso sexual con el foco puesto en la intervención temprana y la articulación interinstitucional en el marco de la “Prevención del embarazo adolescente no intencional y del abuso sexual en Paraguay”.
Durante la segunda reunión de la Junta Ejecutiva del proyecto que se impulsa con el apoyo de organismos internacionales, donde las autoridades coincidieron en que la prevención debe llegar antes de que se vulneren los derechos de niñas y adolescentes.
El encuentro reunió al Viceministerio de la Niñez y la Adolescencia, al Ministerio de Educación y Ciencias, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y al Fondo de Población de las Naciones Unidas ( UNFPA), además de equipos técnicos especializados, lo que permitió evaluar avances, ajustar estrategias y definir prioridades para el período 2026 desde un enfoque coordinado y sostenido.
En ese contexto, se presentaron los resultados preliminares que se alcanzaron en 2025 y se analizó el plan de trabajo del próximo año, que contempla como eje central la institucionalización de un programa nacional de prevención y atención integral del abuso sexual y del embarazo adolescente.
Si bien Paraguay registra una disminución en la tasa de embarazos adolescentes por cada mil habitantes, Escobar advirtió que el país aún mantiene el índice más alto del Cono Sur en comparación con Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, lo que, sin embargo, evidencia avances, pero también expone desafíos estructurales que requieren respuestas persistentes.
En ese sentido, el viceministro de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar, enfatizó que la prevención debe ser temprana y constante, al señalar que cuando una niña o adolescente ya cursa un embarazo el daño ya se produjo, por lo que insistió en la necesidad de desnaturalizar la violencia sexual y generar conciencia sobre su impacto en el desarrollo biopsicosocial.
Finalmente, la Junta Ejecutiva incorporó a la agenda el diseño de una estrategia específica de protección y restitución de derechos para niñas, niños y adolescentes, donde se incluye a aquellas que ya se encuentran embarazadas o tienen hijos, una dimensión que no formaba parte del alcance inicial del proyecto, pero que se identificó como prioritaria para fortalecer la respuesta estatal integral.