El Ministerio Público ha imputado al senador Hernán David Rivas como presunto autor de la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso. En consecuencia, se ha iniciado una carpeta fiscal para investigar al legislador por su presunto título de abogado falso. Además, se ha solicitado el desafuero y la aplicación de medidas cautelares.
La fiscala Patricia Sánchez Saldívar formuló la imputación contra el senador cartista Hernán David Rivas, basándose en indicios suficientes que apuntan a su autoría en la producción mediata de la matrícula de abogado y el uso de dicha matrícula, así como del título de grado y el certificado de estudios, los cuales se sospecha que podrían tener contenido falso.
Según el documento, el parlamentario utilizó el título y certificado de estudios, los cuales son auténticos pero cuestionados en su contenido, para obtener la matrícula de abogado, documento público que le fue expedido por la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se destaca que el senador realizó el juramento correspondiente.
El plazo de investigación se ha establecido en 6 meses para presentar acusación u otro requerimiento conclusivo. Dado que Rivas goza de inmunidades parlamentarias, el Ministerio Público ha solicitado su notificación una vez resuelto su desafuero por parte de la Honorable Cámara de Senadores.
El acta de imputación sostiene que no existe ningún documento académico que respalde la veracidad de que el imputado haya cursado la carrera de derecho en la Universidad Sudamericana.
El 6 de julio de 2023, Rivas habría utilizado la matrícula de abogado, junto con otros documentos que acreditarían su formación académica, para ser elegido como representante de la cámara de senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Lo mismo habría ocurrido en junio de 2020, cuando Rivas estaba en la Cámara Baja.
De esta manera, a Rivas se le habría permitido acceder a la dignidad de juez de jueces, presumiblemente sin contar con la aptitud académica que la Constitución Nacional exige a quienes conformarán el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.