El senador José Oviedo afirmó que, pese a que la ley prohíbe descontar más del 25% del salario por deudas, en numerosos casos se llegó a retener hasta el 100% de los ingresos de trabajadores durante años, lo que evidencia según dijo una grave falla en los controles internos del Poder Judicial.
Cuestionó además que en juzgados de paz de la zona central y capital se hayan acumulado hasta 60.000 expedientes en una sola sede, mientras otros juzgados registraban apenas entre 1.000 y 2.000 causas, lo que, a su criterio, debió haber alertado a la Corte Suprema. Indicó que actualmente más de 40.000 personas estarían afectadas por este esquema.
Por su parte, el senador Ricardo Iramain sostuvo que la Corte Suprema actúa con falta de coraje y mantiene pactos con el poder político, lo que según expresó la vuelve “sumisa” frente a situaciones que ameritan sanciones. Agregó que, aunque considera que existen méritos para un juicio político, su viabilidad depende de la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados.