El proyecto de ley que impulsa una reforma estructural del transporte público ya tiene fecha en el calendario. El miercoles, durante la última sesión ordinaria, se aprobó una moción de preferencia solicitada por el senador Basilio Núñez, y se establecieron dos fechas claves para el tratamiento del texto.
La discusión arrancará el próximo 27 de agosto, con posibilidad de introducir modificaciones. Posteriormente, el análisis se completará el 3 de septiembre, cuando se abordará el proyecto como código, es decir, sin opción a cambios.
La propuesta, presentada semanas atrás en el Palacio de Gobierno por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, incluye una serie de transformaciones destinadas a mejorar el servicio. Entre los ejes centrales se encuentra la separación entre provisión de flota y operación del servicio, rompiendo con el actual esquema de monopolios.
También se contempla la integración tarifaria para facilitar los traslados, la incorporación de tecnología con centros de monitoreo y aplicaciones móviles, además de incentivos para promover la participación de mujeres como conductoras de buses.
Los pilares del plan incluyen una nueva gobernanza institucional, el uso de buses con tecnologías limpias, mejor infraestructura vial urbana y proyectos ya en marcha como la renovación de Mariscal López, duplicación de Tape Tuja y obras en la Transchaco.
La reforma plantea una transformación profunda del servicio de transporte que busca garantizar un sistema más eficiente, accesible y sostenible para los usuarios del área metropolitana.