Los líderes de los tres poderes del estado emitieron un comunicado conjunto, donde rechazaron actos corruptos, subrayaron la protección de la labor periodística y urgieron al JEM a regular las reuniones privadas con magistrados.
Los representantes de los tres poderes del estado firmaron un acuerdo formal en el que expresaron su rechazo hacia la corrupción, destacando la importancia de garantizar la libertad de prensa y solicitaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la aprobación de un reglamento que limite las reuniones privadas con cualquier juez.
El presidente Santiago Peña asumió el rol de vocero oficial de la cumbre interinstitucional, leyendo el comunicado al final del encuentro
La declaración incluye los siguientes puntos:
- Condenar absoluta y enérgicamente cualquier acto que suponga la desnaturalización corrupción o direccionamiento indebido de los órganos legítimamente constituidos
- Asumir el compromiso de reafirmar, dentro del marco de independencia de poderes y órganos, que las instituciones republicanas funcionarán cada una en su ámbito para que los hechos denunciados sen esclarecidos
- Proclamar, defender y garantizar la libertad de prensa como una herramienta imprescindible para la vigencia de la democracia y la transparencia y asumir el compromiso de que los periodistas que denuncien hechos tengan la protección jurídica y física para ejercer su función.
- Instar a la clase política a colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones en la lucha contra la corrupción
- Ratificar el compromiso de que todos los poderes seguirán implementando la estrategia contra la corrupción
- Instar al respeto de los objetivos, misiones y plazos de investigación penal, ya que los sujetos procesados deben contar con todos los elementos y evidencias para el debido proceso
- Instar a la implementación de la iniciativa número 28 de la estrategia aprobada, la cual se refiere a la situación del JEM, a través de la cual se comprometen a activar los mecanismos para que los miembros de dicho órgano impulsen un reglamento que imponga restricción de mantener reuniones o comunicaciones privadas con cualquier magistrado y que las reuniones deberán ser públicas.
