El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se pronunció con firmeza tras la reunión entre la Mesa Directiva y el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández. Dijo que el Congreso defenderá el derecho ciudadano a un transporte digno y cuestionó duramente el servicio actual.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, aseguró que el derecho al transporte digno es una prioridad para el Congreso Nacional y anunció que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía, ante el paro anunciado por el sector transportista.
“Nosotros vamos a defender y precautelar con todas nuestras fuerzas los intereses de la ciudadanía y sus derechos fundamentales, y un derecho fundamental es el derecho al transporte digno”, afirmó Latorre en conferencia de prensa.
Sus declaraciones se dieron tras una reunión de la Mesa Directiva con el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, quien fue convocado para brindar detalles sobre la situación del sistema de subsidios y las estrategias del Gobierno ante la medida de fuerza.
Latorre explicó que se escucharon también las opiniones de otros diputados y que se solicitó al Ejecutivo un plan claro de contingencia para los días en que se realice el paro.
“Consultamos sobre cuáles van a ser las estrategias. El viceministro nos habló de una serie de alternativas basadas en la disponibilidad de flotas del Estado. Hay una organización que no se va a plegar a la huelga, y eso también ayudará”, comentó.
El legislador colorado fue más allá y aprovechó la ocasión para cuestionar el estado actual del transporte público, señalando que el servicio es indigno para la ciudadanía.
“El transporte público tiene que cambiar en la República del Paraguay. No es digno lo que viven los paraguayos día a día. No es digno que tengan que esperar horas, que pasen parte de sus vidas en un mal servicio”, sentenció.
Finalmente, Latorre insistió en que se debe poner al usuario como prioridad y que desde el Congreso se hará seguimiento estricto a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para evitar que los ciudadanos paguen el costo de los conflictos con los empresarios del sector.