El 31 de marzo, numerosos ciudadanos acudieron a diversos municipios del país para renovar sus registros de conducir. Sin embargo, muchos se encontraron con un obstáculo: La inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) les impidió completar el trámite.

La medida, celebrada por algunos sectores como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, también fue objeto de críticas. Una de las voces disidentes fue la del exsenador y abogado Adolfo Ferreiro, que cuestionó estas sanciones. “Es una barbaridad jurídica y política. Se violan principios fundamentales de cómo deben ser las penas”, afirmó.

Ferreiro también advirtió en sus redes sobre las posibles consecuencias de aplicar este tipo de restricciones y que, bajo la misma lógica, se podría llegar a prohibirles comprar en supermercados, cargar combustible o incluso transitar por la vía pública. Además, planteó la problemática de aquellos que requieren el registro de conducir para trabajar y de esa manera cumplir con la pensión alimentaria.

Desde la Corte Suprema de Justicia, recordaron que el Redam fue creado como una herramienta para reforzar el control sobre el incumplimiento del deber legal alimentario. Según la institución, esta lista busca obligar a los deudores a cumplir con sus responsabilidades para garantizar así los derechos de los niños y adolescentes afectados por la falta de pago de la pensión alimentaria.